Ficha técnica

En Colombia existen múltiples megaproyectos que intervienen diferentes ecosistemas y poblaciones, y que responden a estrategias del gobierno nacional para mejorar y/o facilitar el desarrollo del país. Son entendidos como un conjunto de proyectos y actividades a gran escala que imponen una forma específica de ocupación del territorio, caracterizados por requerir largos tiempos de ejecución y amplios espacios a intervenir; demandar presupuestos muy elevados tanto públicos como privados; involucrar un alto número de actores públicos y privados; y presentar mayores riesgos y altas complejidades tecnológicas, jurídicas y ambientales para llevarse a cabo.

Todas estas condiciones generan importantes tensiones sociales y ambientales, al modificar las condiciones ecológicas del lugar donde se implementan y porque no necesariamente benefician o solventan las necesidades de las comunidades que los reciben.

Estos tipos de proyectos pueden ser de infraestructura o de extracción, los cuales están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo para Colombia (PND 2014 – 2018) bajo el programa de cuarta generación de concesiones -4G (construcción y rehabilitación de vías nacionales, túneles y viaductos) y en la estrategia de incentivar el aprovechamiento de hidrocarburos, consolidar el sector minero y ampliar la cobertura y calidad de la energía eléctrica.

Aunque pueden generar impactos positivos como más puestos de trabajo temporal, facilidades de conexión entre las economías locales con las nacionales y las extranjeras, modernización nacional, importación tecnológica, existen cierto número de impactos negativos que se generan por el desarrollo de los megaproyectos, sobre los cuales hay que estar particularmente bien informados para evitar que se conviertan en conflictos socioambientales o para definir la forma de mitigarlos. Entre los impactos negativos se pueden señalar la deforestación y degradación de áreas naturales; el aumento de la demanda y presión sobre recursos naturales; la colonización alrededor de nuevas infraestructuras, cambiando usos del suelo y generando disputas por la tierra; el desplazamiento forzado de las comunidades locales que habitan históricamente territorios; la modificación de modelos tradicionales de apropiación y uso de recursos; el cambio en valor de la tierra y la propiedad, entre otros.

Sistema de Alertas Tempranas como herramienta de democracia ambiental

Con el ánimo de favorecer procesos informativos y participativos que eviten el surgimiento de conflictos socioambientales por los megaproyectos, surge la necesidad de crear un sistema de alertas tempranas que funcione como herramienta de información veraz y oportuna, que ayude a prever dónde y cuándo pueden ocurrir hechos o circunstancias específicas, generalmente asociadas a un riesgo. Bajo esta condición se creó el sistema de alertas tempranas por megaproyectos en Colombia, entendida como una herramienta de información que permite identificar de forma temprana y oportuna, posibles territorios amenazados por la implementación de megaproyectos de infraestructura y minero-energéticos. Cuando estos proyectos están sobre áreas definidas como prioritarias para la conservación en el país, catalogadas así por su relevancia en términos de biodiversidad, su nivel de amenaza y la oportunidad de establecerse como un área protegida, se despliegan alertas que avisan y advierten a la comunidad sobre el riesgo que podría existir por el desarrollo de proyectos a gran escala, y que permitirán a las comunidades de dichos espacios tomar acciones para prevenir afectaciones en el futuro y/o ejercer una defensa de sus espacios de vida.

Además de ubicar espacialmente las áreas donde existen las alertas, la plataforma brinda documentación referente a los tipos de megaproyectos en el país, especificando las etapas de los proyectos, los requerimientos ambientales legales para su implementación, y los mecanismos de participación frente a cada uno. De esta manera, el sistema de alertas pretende facilitar la detección temprana de riesgo, impulsar y facilitar la activación de mecanismos de acción por parte de las comunidades que pudieran verse afectadas ante la situación de alerta, para finalmente convertirse en un instrumento de empoderamiento para las comunidades favoreciendo los procesos de gobernanza sobre sus territorios.

Áreas prioritarias para la conservación

Los sistemas de alerta temprana son herramientas de información que permiten activar “mecanismos de alarma en una población previamente organizada y capacitada para reaccionar. El suministro de información oportuna (…) permite a las personas expuestas a la amenaza tomar acciones para reducir el riesgo y prepararse para una respuesta efectiva” (Organización de Estados Americanos -OEA, 2010).

Las alertas tempranas son declaraciones de información veraz y oportuna sobre una circunstancia específica que genera la activación de mecanismos de acción por parte de las comunidades que pudieren verse afectadas ante un riesgo. De esta manera permite la detección temprana de riesgos, con el fin de obtener acciones respecto de este.

El sistema de alertas tempranas sobre megaproyectos de infraestructura y minero-energéticos en Colombia, fue creado a partir de una investigación que se realizó sobre las áreas con prioridad de conservación en Colombia y los megaproyectos que se encontraban en ejecución en el país.

Para su construcción, se inició con la identificación de áreas con prioridad de conservación, cuya base de información proviene del libro ¿Qué y Dónde Conservar? (Corzo & Andrade, 2011), en el que se establecen criterios de importancia, urgencia y oportunidad para determinar áreas que tienen potencial de conservación en el país.

Respecto al criterio de importancia, los autores señalan que esta característica se determina por diferentes operaciones que buscan priorizar áreas que sean representativas en especies y ecosistemas. Esta representatividad se evalúa en términos de suficiencia, obteniendo como resultado cuatro categorías:

• Omisiones: se refiere a aquellas unidades de análisis que no tienen áreas protegidas en su interior
• Altas insuficiencias: son aquellas unidades que apenas alcanzan una representatividad menor o igual al 10% de la meta de conservación, es decir, que las áreas protegidas que se encuentran allí no superan una representatividad del 10% en la unidad analizada.
• Baja insuficiencia: en estas unidades la representatividad, aunque supera el 10% de la meta de conservación, no alcanza un porcentaje suficiente.
• Suficientes: son las unidades que alcanzan y sobrepasan la meta de conservación.

Sobre el criterio de priorización de un área por urgencia o amenaza, cabe señalar que se basa en la “identificación de las áreas urgentes para la conservación en razón a la amenaza de transformación por los proyectos de desarrollo, se identificaron 6 temas como los de más alto impacto a nivel nacional: la agroindustria, (…) la industria forestal, la exploración y producción de hidrocarburos, las licencias mineras, y finalmente otros megaproyectos de transporte y los hidroenergéticos” (Corzo & Andrade, 2011, p. 81)

Finalmente, el criterio de oportunidad hace referencia que las áreas priorizadas se determinan a partir de “la yuxtaposición al mapa de ecosistemas, de aquellos territorios que conforman las ‘oportunidades de conservación’; se incorporan en esta instancia las reservas forestales de ley 2 de 1959, así como los territorios colectivos, tanto de negritudes, como de pueblos ancestrales, y finalmente las áreas que aunque pretenden constituirse como áreas protegidas, no alcanzan esta categoría, de acuerdo con lo que expone el Convenio de Diversidad Biológica, en tanto ser declaradas o designadas bajo categorías legalmente establecidas, administradas y reguladas bajo mecanismos eficaces y que persigan objetivos de conservación en el largo plazo” (Corzo & Andrade, 2011, p. 85).

La integración de estos criterios para la identificación de áreas priorizadas para la conservación se muestra en la siguiente gráfica:

De esta integración se desprenden cuatro categorías de conservación prioritaria, a las que nos hemos acogido y que hacen referencia a las áreas en las que se debe limitar la realización de megaproyectos, en razón a que se encuentran ecosistemas sensibles y de menor representación en el país.

1. Alta insuficiencia y urgente.
2. Baja insuficiencia y urgente.
3. Omisiones urgentes naturales y oportunas.
4. Omisiones urgentes naturales y sin oportunidad.

Así mismo, se llevó a cabo el proceso de selección de proyectos objeto del Sistema de Alertas Tempranas. Para ello fue necesario reunir criterios de orden económico, social y ecológico para construir un concepto de megaproyecto, a partir del cual fuera posible establecer qué proyectos se deben considerar en el sistema de alertas para la protección de las áreas de conservación prioritaria.

Se definió así un megaproyecto como un proyecto o conjunto de proyectos de iniciativa pública, privada o mixta, que de forma individual o conjunta tienen una representación espacial y/o temporal significativa, en los que se realiza una inversión que supera los 100 millones de dólares, en el contexto latinoamericano. De la misma manera, para la identificación de estos se debe tener en cuenta la magnitud de los impactos de los proyectos en el contexto regional e incluso transnacional, es decir, su capacidad de trasformar la cultura, la economía local, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad global o de un país.

Esta información se consolidó para la creación de un sistema de alertas tempranas, una herramienta que contiene información oficial sobre los megaproyectos de infraestructura y minero-energéticos en Colombia (vías 4G, minería, hidroeléctricas e hidrocarburos) y sobre las áreas del país con prioridad de conservación.

El sistema genera alertas en aquellos lugares donde el área de ejecución de los megaproyectos coincide con las áreas de conservación prioritaria, presentando un riesgo de pérdida de estas áreas que, si bien no se encuentran protegidas por mandato legal, son zonas de especial importancia ecológica que deben resguardarse de los impactos antropogénicos, para contribuir a la reducción de la deforestación y disminución del surgimiento de conflictos socioambientales en Colombia.

Cómo se hizo